Una vez más persecución y criminalización son las
estrategias con las que el Estado de Chile ha respondido a las legítimas
acciones de protesta social por parte de pueblos indígenas. Esta vez contra el
Pueblo Rapa Nui y sus líderes, quienes reivindican su derecho de propiedad
ancestral sobre un territorio que les pertenece desde tiempos inmemoriales y
que el Estado se ha adjudicado como propiedad fiscal, negándose a su
restitución.
Aunque los problemas son muchos, los que últimamente han
concentrado la preocupación de los rapanui son: la adopción de una estatuto de
autonomía, regular la migración a Isla de Pascua, reconocimiento de su
propiedad ancestral sobre el territorio insular y la definición de un modelo de
administración del Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), acorde a los estándares de
derechos indígenas.
El 15 de agosto el Parlamento Rapa Nui ocupó los accesos al
PNRP y asumió de hecho su administración. Esto generó una rápida reacción del
Estado de Chile. Ese mismo día, fue detenido el presidente del Parlamento Rapa
Nui, Leviante Araki, y el Sr. Mario Tuki, también miembro de dicha
organización, acusados de desórdenes en la vía pública. Posterior a dichas
detenciones, la Fiscalía de Isla de Pascua inició una investigación penal
acusando a los rapanui de cobro ilegal de entradas al Parque, hecho que ha sido
tipificado por ésta como estafa contra el Fisco de Chile, ordenando el envío de
efectivos policiales a la sede del Parlamento Rapa Nui. Esto, con el fin de decomisar
ticket de venta de entradas al PNRN y cualquier material que pudiera avalar
dicha acusación. Tras esta diligencia, la Fiscalía ordenó el cierre del
Parlamento Rapa Nui.
Posteriormente, el miércoles 26 de agosto, fue detenido en
el aeropuerto de Santiago de Chile el empresario hotelero y líder del Pueblo
Rapa Nui, Matías Riroroko Pakomio, de 72 años de edad. El Sr. Riroroko destaca
no solo por ser un comprometido militante de la causa de su pueblo, sino
también por ser dueño del Hotel Iorana en Isla de Pascua y de hoteles en San
Pedro de Atacama y Cuzco. Su detención fue ordenada verbalmente por la jueza de
Isla de Pascua, María Cornejo, siendo implementada por la Policía de
Investigaciones (PDI) en Santiago. Riroroko fue trasladado a la Cárcel Santiago
Uno, sin considerar que presenta un delicado estado de salud.
Al día siguiente fue llevado a Rapa Nui, donde se realizó la
audiencia de control de detención. En paralelo, la jueza Cornejo ordenó la
detención de su hija, Elisa Riroroko. En audiencias separadas, la magistrada
dio a ambos 120 días de prisión preventiva, mientras dura la etapa de
investigación. Los dirigentes rapanui antes individualizados fueron
formalizados por los delitos de asociación ilícita, desacato, obstrucción a la
investigación, atentado contra la autoridad y estafa. Los hechos que fundan
esta formalización sería el supuesto cobro ilegal de entradas al PNRN.
La medida de prisión preventiva para los Riroroko fue
revocada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el pasado viernes 4 de
septiembre, al no poder acreditarse ninguno de los delitos imputados.
Actualmente, en el marco de esta persecución, son dos las
organizaciones rapanui investigadas por el delito de asociación ilícita: la
Asociación Indígena He reo o te Rapa Nui y el Parlamento Rapa Nui.
Es necesario destacar que todas las acusaciones formuladas
por la Fiscalía han sido respaldadas por la Corporación Nacional Forestal
(CONAF). Debiéndose consignar que CONAF ha incumplido compromisos contraídos
con el Pueblo Rapa Nui, que apuntaban a definir en conjunto con éste un modelo
de administración del Parque Nacional Rapa Nui acorde a los estándares de
derechos indígenas establecidos en el derecho internacional y en el Convenio
169 de la OIT.
El Observatorio Ciudadano repudia las acciones de criminalización
de que está siendo víctima el Pueblo Rapa Nui y sus líderes. Esta situación es
intolerable a la luz de los derechos indígenas reconocidos por medio de
instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile y
vigentes en el ordenamiento jurídico chileno. Asimismo es inaceptable que las
autoridades reaccionen de la manera que se denuncia, considerando que el Estado
de Chile ha violado sistemáticamente los derechos del Pueblo Rapa Nui y se
niega hasta ahora, de forma arbitraria e ilegal, a restituirle las tierras que
son de su propiedad.
Las autoridades chilenas omiten además que tienen
obligaciones legales con el Pueblo Rapa Nui que legitiman sus demandas,
especialmente en lo que refiere a generar un modelo de gestión del PNRN con
participación directa de los rapanui, a respetar su derecho a beneficiarse de
los recursos que genere el PNRN y a que se le restituyan en propiedad las
tierras que configuran esta unidad.
Hacemos un llamado a las autoridades para deponer la actitud
intransigente que ha marcado la relación con la dirigencia y el Pueblo Rapa
Nui, y responder a las demandas de este pueblo con pleno respeto a los derechos
indígenas, tal y como exige el estado de derecho en una verdadera democracia.
Observatorio Ciudadano
7 de Septiembre 2015
